A estas alturas, pocos desconocen la grave degradación ecológica que sufre la laguna costera del Mar Menor, pese a sus múltiples figuras de protección (declarado Lugar de Importancia Comunitaria, Zona de Especial Protección para las Aves, Humedal Ramsar de Importancia Internacional y Zona de Especial Protección del Mediterráneo, por mencionar sólo las declaraciones de protección de ámbito internacional). Las causas de dicha degradación están claras: la entrada masiva de nutrientes (nitrógeno y fósforo) procedentes sobre todo de los fertilizantes agrícolas del regadío intensivo del Campo de Cartagena, a lo que se añade también la la ganadería intensiva de porcino. Esta entrada masiva de nutrientes ha dado un vuelco al estado del Mar Menor, desde la situación previa de aguas transparentes y buen estado de las comunidades biológicas, a la situación eutrófica actual (presencia excesiva de nutrientes), que a su vez causó la famosa “sopa verde” de 2016 y los episodios de mortandad masiva de 2016, 2019 y 2021.
En respuesta a esta situación, la sociedad civil ha reaccionado con múltiples iniciativas: manifestaciones multitudinarias, creación de nuevos colectivos ciudadanos de defensa del Mar Menor, celebración de múltiples charlas y jornadas, presentación de alegaciones y de denuncias administrativas y judiciales, personación en procesos penales, presentación de quejas y peticiones ante el Parlamento Europeo y ante la Comisión Europea, así como ante las autoridades internacionales responsables de las figuras de protección correspondientes. Una de tales iniciativas ciudadanas ha sido la Iniciativa Legislativa Popular para otorgar personalidad Jurídica al Mar Menor (ILP-Mar Menor).
Hace ahora dos años, el 25 de noviembre de 2020, la Comisión Promotora de la ILP-Mar Menor recogía en la Junta Electoral Central los pliegos oficiales para la recogida de firmas. En esos momentos, dadas las experiencias previas en torno a otros procedimientos de ILP de carácter ambiental, muchos dudábamos de que realmente fuera posible alcanzar el número de firmas necesarias y, en caso de conseguirlas, de que el proyecto de ley finalmente se debatiera en el Congreso de los Diputados. Dos años después la realidad demuestra que sí ha sido posible, a pesar de los múltiples obstáculos en el camino. Recordemos algunos de ellos.
En primer lugar, inicialmente la ILP se planteó para el ámbito de la Región de Murcia. A nivel autonómico se exigen 50.000 firmas. Sin embargo la posibilidad de iniciar dicho proceso fue denegada, utilizando argumentos de forma o técnicos cuyo verdadero objetivo era obstaculizar esta acción ciudadana. Los integrantes de la Comisión Promotora, en lugar de renunciar a la iniciativa, decidieron presentarla a nivel nacional, donde el número de firmas necesarias era de 500.000 firmas, diez veces más, un objetivo que se antojaba casi inalcanzable, especialmente porque el proceso de recogida de firmas legalmente válidas en una ILP es bastante complicado y muy exigente. A ello hay que añadir que el proceso de recogida de firmas coincidió plenamente con la pandemia, lo que restringió mucho la movilidad y la celebración de eventos presenciales, dificultando aún más la recogida de firmas por parte de los fedatarios autorizados.
"...en octubre de 2021, la ComisiónPromotora
de la ILP-Mar Menor presentóen la Oficina del Censo
639.826 firmas, un 28% más de las necesarias..."
No obstante, contra todo pronóstico, las firmas fueron creciendo, alentadas por la concienciación de buena parte de la sociedad española acerca del estado del Mar Menor y por la eficaz actividad de los colectivos de apoyo a la ILP, que consiguieron la colaboración de múltiples entidades a lo largo y ancho del estado español. El espaldarazo final al proceso lo dio la propia situación de la laguna, que en agosto de 2021, en plena temporada alta de turismo estival, volvía a llenar periódicos, radios, televisiones y medios digitales de España y de todo el mundo con las riberas del Mar Menor cubiertas por miles de peces y otros organismos muertos.
Pocos meses después, en octubre de 2021, la Comisión Promotora de la ILP-Mar Menor presentó en la Oficina del Censo 639.826 firmas, un 28% más de las necesarias y sin necesidad de hacer uso de la prórroga de tres meses que se les había concedido. A lo largo de 2022 la iniciativa se transformó en proyecto de ley y fue superando las distintas fases de tramitación sin mayor problema, arropada por el masivo apoyo ciudadano, de forma que, con la excepción de Vox, ningún partido se ha opuesto a su aprobación. Finalmente, el pasado 3 de octubre el Boletín Oficial del Estado publicaba la “Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca”.
Se trata de una victoria ciudadana de gran transcendencia a varios niveles. En primer lugar, otorgar personalidad jurídica a un ecosistema constituye una novedad jurídica, lo que a su vez ha suscitado una enorme atención a nivel internacional, incluyendo entre las instituciones europeas y organismos de Naciones Unidas. En segundo lugar, la iniciativa ha conseguido mantener la situación del Mar Menor en las agendas políticas y en el debate público a nivel nacional, lo que resulta fundamental para que los sectores corresponsables del problema y las administraciones no releguen la situación del Mar Menor a un segundo plano en cuanto los peces muertos dejan de ocupar portadas. En tercer lugar, la iniciativa se ha basado en la acción ciudadana, lo que ha permitido canalizar el malestar de mucha gente por el colapso de la laguna desde la impotencia a la acción, en este caso a través de la firma en apoyo de la ILP-Mar Menor, dándoles una oportunidad para contribuir con algo concreto y a su alcance. En cuarto lugar, el resultado de la ILP-Mar Menor y la victoria que ha supuesto que la misma se haya transformado efectivamente en ley, demuestran el potencial de la acción ciudadana y con toda seguridad va a inspirar otros procesos similares.
Durante más veinte años las administraciones autonómicas ignoraron los avisos de la comunidad científica y de las organizaciones ecologistas acerca del riesgo de eutrofización de la laguna por la expansión del regadío intensivo en su cuenca, el Campo de Cartagena, hasta que con la irrupción de la sopa verde en 2016 la realidad ya no pudo ser ignorada. De la misma forma, desde entonces se ha intentado minimizar el clamor social por recuperar el Mar Menor hasta que, tras 639.826 firmas, los sectores implicados y las administraciones, de la local a la autonómica y a la central, ya saben que no se puede obviar la masiva exigencia ciudadana de devolver al Mar Menor la vida que nunca debió perder.
JULIA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Vocal de la Junta Directiva de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de Las Sociedades, ASYPS
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ILP Mar Menor